La Asociación Vecinal del Casco Norte ‘La Revuelta’ registra una batería de alegaciones a la propuesta de regulación de las viviendas turísticas del gobierno municipal
La Asociación Vecinal del Casco Norte ‘La Revuelta’ ha registrado un conjunto de alegaciones a la propuesta para regular el fenómeno de las viviendas turísticas que ha aprobado el gobierno de la ciudad de Sevilla tras la publicación del decreto andaluz en esta materia.
Por un lado, desde la asociación vecinal reclaman que la propuesta regulatoria del Ayuntamiento “tiene que alcanzar también a los apartamentos turísticos (AT) y no únicamente a las viviendas con fines turísticos” dado que también provocan “falta de viviendas, despoblación, incremento de precios, pérdida de identidad y afección al entorno”.
Desde ‘La Revuelta’ recuerdan que la doctrina del Tribunal Supremo “deja claro que no sólo es posible sino que resulta necesario que sean los municipios los que determinen las correspondientes exigencias sobre este tipo de viviendas y que introduzcan limitaciones bajo los principios de proporcionalidad, objetividad, necesidad y seguridad jurídica”.
Por otro lado, la asociación vecinal considera que el documento técnico en el que se basa la propuesta del gobierno municipal “es incompleto y puede inducir a un error de diagnóstico cuyas consecuencias pueden ser fatales para la ciudad” al no contemplar el impacto de los mencionados apartamentos turísticos (AT), al trabajar sobre datos desactualizados (el número de plazas en viviendas turísticas está creciendo a un ritmo de 1000 al mes) e irreales al no tener en cuenta la oferta de pisos turísticos ilegales. Además, desde ‘La Revuelta’ inciden en que hacer las propuesta a nivel de barrio es un error “cuando los problemas, retos e interacciones no se producen a esa escala”.
También señalan desde ‘La Revuelta’ que la propuesta del gobierno municipal de fijar en un 10% el máximo de la presión turística residencial (porcentaje de vivienda turística sobre el total del parque residencial) “carece completamente de rigor y estimula el mantenimiento de una lógica depredadora de la ciudad y de los derechos de sus vecinas al concluir que la ciudad puede multiplicar su número actual de viviendas turísticas por 3’64 veces hasta llegar a las 32.400”.
El caso del barrio de San Julián
Como ejemplo de “la falta de rigor” de la propuesta del Ayuntamiento, desde ‘La Revuelta’ señalan el caso del barrio de San Julián que, al no ser homogéneo en cuanto a tipo de edificaciones y al contar con una zona de edificios modernos de varias plantas y con una densidad de viviendas mucho mayor, no aparece como zona saturada según las cuentas de la Gerencia de Urbanismo.
“Si se hacen esos mismos cálculos pero teniendo en cuenta las secciones censales que contiene el barrio se obtiene un resultado muy por encima del 10% de concentración de viviendas turísticas dado que los edificios altos de una pequeña parte del barrio distorsionan por completo el porcentaje” señalan desde ‘La Revuelta’. En este sentido, la asociación vecinal también exige en sus alegaciones “que se revise la disparatada propuesta para el barrio de San Julián”.
Vista aérea del Barrio de San Julián, en rojo el contorno del mismo y chinchetas amarillas las VFT. Se puede observar cómo en la zona noreste con edificios con la mayoría de viviendas apenas tienen VFTs pero aportan muchas viviendas al cálculo realizado por la GMU. También se observa la alta concentración de VFT por el entramado tradicional con resultados mucho mayores al 10%
Una moratoria hasta que se haga un informe técnico más exhaustivo
Como conclusión, la asociación vecinal ha exigido “un nuevo y más exhaustivo informe que proporcione mayores elementos de análisis de la realidad” y que, mientras tanto, se acuerde “la moratoria de no autorizar ninguna vivienda turística más ni ningún apartamento turístico más”.
Así mismo, desde ‘La Revuelta’ solicitan en sus alegaciones medidas para revertir las zonas en las que el actual nivel de viviendas turísticas ya ha provocado estragos, un refuerzo de la inspección para conocer y eliminar la realidad de los alojamientos irregulares, que se habiliten mecanismos ágiles y operativos para que las vecinas y vecinos puedan presentar información y denuncias y que la normativa que apruebe el Ayuntamiento incluya un régimen disciplinario claro y efectivo para garantizar su cumplimiento.
Desde que el gobierno municipal anunció la regulación, el número de plazas ha crecido unas 1000 por mes. En naranja, las inscripciones en marzo. En rojo, las inscripciones en abril. A todo esto habría que sumar las viviendas no inscritas/ilegales.
